La purga y desmilitarización de la sociedad argentina trajeron aparejas la irrupción de un fenómeno cada vez más notorio, la llegada de las agencias de seguridad privada, que proliferaron en las dos últimos décadas mientras -hay que decirlo- caía la calidad de la seguridad brindada por el Estado nacional y los gobiernos provinciales también. Zonas especialmente protegidas con garitas o barrios cerrados son algunos de los nichos.
Lo peor es que, en muchos casos, las empresas en cuestión pasaron a ser una bolsa de ingresos para ex militares, policías apartados de las fuerzas por delitos de lesa humanidad u oficiales vinculados con distintos casos de corrupción en épocas de democracia; en definitiva, mano de obra desocupada que encontró una llave maestra en este resquicio.
La conexión abarca también a la clase política, dada la cercanía entre algunas agencias y determinados espacios. Un caso ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente con la compañía Murata SA, encargada de vigilar algunas de sus dependencias y que -de acuerdo a una auditoría de la Sindicatura General porteña- incurrió en graves irregularidades.
Y existen casos en el Conurbano bonaerense, como en Hurlingham, donde hay una empresa de seguridad privada (Chapelco), que tiene la venia de la Municipalidad y en cuya cúpula sobresalen ex militares, entre otros Aldo Rico. El director de Seguridad del distrito, incluso, está vinculado con la citada compañía, poniendo estos mecanismos totalmente en evidencia.
Lo cierto es que los orígenes espurios de estas empresas y su accionar irregular en situaciones como las mencionadas son apenas la punta del iceberg. Los viejos modos también caen sobre los trabajadores de estas compañías, en pobres condiciones de trabajo, con aumentos salariales insuficientes y un enorme temor a accionar, muchas veces por el terror que imponen estos personajes, que remontan a lo peor de la historia argentina.
Esta mañana Buenos Aires 2punto0 Formato Radio dialogó con uno de los representantes del sector, Daniel Jacobson, quien abordó las problemáticas más importantes. "El acuerdo de paritarias implicó un aumento de sólo el 23 por ciento, después hubo cifras no remunerativas, pero ¿por qué nosotros no queremos esas cifras? Queríamos que se pase al sueldo básico porque después, en vacaciones, el descuento llega al 50 por ciento, muchos trabajadores no se toman vacaciones; lo mismo cuando hay alguien enfermo, con carpeta médica", aseguró.
"Las horas de trabajo es otro punto. En el convenio de trabajo, está tipificado que el trabajador está en condiciones de trabajar hasta 16 horas, pero el promedio es de 12 horas. Y tienen por lo menos 2 horas de viaje. Están 15 horas fuera de su casa", reprochó el dirigente gremial y confirmó que, por reclamos como este, harán una protesta este viernes.
También repudió que en el convenio está prohibido el derecho a huelga y la elección de delegados, dos cosas que no cumplen de hecho.
"Hay un gran porcentaje de trabajadores en negro. El Estado debería regular y no regula, ellos se controlan a ellos mismos. Los dueños de las empresas son todos ex miembros de fuerzas armadas y seguridad, y en la mayoría de la provincia quien controla a estas empresas es la Policía, o sea, la Policía controla a ex comisarios, por ejemplo. Las direcciones que tienen que controlar a las agencias están totalmente cooptadas por empresarios, se controlan a ellos mismos básicamente", agregó.
Y, en otro tramo, cargó contra las empresas privadas: "Tienen una concepción muy represiva de la vida, a veces es muy difícil organizar a los trabajadores, porque hay mucho miedo. Han apretado a compañeros y llamado a sus esposas. También hay casos de compañeros que fueron a hacer un reclamo, donde los atendían con una 9 milímetros en el escritorio".
Además, Jacobson reveló todo tipo de casos, como un supervisor de una empresa que -descubrieron más tarde- había estado implicado en un triple crimen en Florencio Varela.
El comunicado del Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos:
Custodios privados cortan Avenida 9 de Julio en repudio al acuerdo en paritarias
El SINDICATO UNIDOS TRABAJADORES CUSTODIOS ARGENTINOS que agrupa a custodios, vigiladores y trabajadores de seguridad privada el viernes 24 de julio, a partir de las 10.30 horas marchará desde Adolfo Alsina y Cerrito y cortará la Avenida 9 de Julio en todo su trayecto hasta Corrientes. Desde allí nos movilizaremos por la mencionada arteria hasta Montevideo 666, sede de la Cámara Empresaria de seguridad privada CAESI en repudio al escandaloso resultado del acuerdo salarial en paritarias.
Generó bronca, desazón e indignación en los trabajadores de seguridad privada el resultado de las paritarias, en donde el salario básico solo se incrementó en un 23.5 % y se engrosó cifras no remunerativas, que desde ya no forman parte ni del aguinaldo ni de los aportes jubilatorios. Incumplieron un acuerdo de no descontar los viáticos y el presentismo en caso de enfermedad y de vacaciones. Estos trae como consecuencia que el trabajador que se tome 28 días de vacaciones se les descontará el 40% de su salario. Como desenlace de esto los compañeros no se toman el merecido descanso y van a trabajar enfermos con efectos nefastos para nuestra seguridad y la de aquellos que debemos custodiar.
Tampoco modificaron ciertos puntos del CCT que son un verdadero escándalo: la obligación de trabajar hasta 16 horas diarias y el hecho que es costumbre jornadas de 12 horas que configuran una verdadera explotación y permiten ganancias millonarias a las empresas. También sigue vigente la prohibición del derecho a huelga, hecho que transforma a los trabajadores de seguridad privada en parias dentro de una sociedad que ha conquistado importantes derechos.
A esto hay que sumarle que no tenemos Obra Social, ya que OSPSIP está quebrada, ya que la han vaciado producto de 40 años de saqueo y no presta ningún tipo de servicios de salud.
Es hora de decir basta. Es la hora de la unidad de las distintas organizaciones obreras para terminar con esta Asociación Ilícita entre CAESI y el sindicato patronal Upsra que dejan a los trabajadores a merced de una clase empresarial parásita que obtiene rentabilidades extraordinarias a costa del hambre de cientos de miles de trabajadores.
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